Aunque hace años abandoné mi pretensión de estudiar ciencias políticas en pro de la literatura, no resistí la tentación de poner en contexto la marcha del día de hoy. Prometo no hacer estos cambios de registro a cada rato y volver a ocuparme de temas más amables en el futuro.
I
La primera gran reforma político electoral del México contemporáneo, la de 1977, no responde a la buena voluntad de las elites políticas de México. Cercado entre la crisis de representatividad y legitimidad política que se manifestó en 1968 y el agotamiento económico del llamado milagro mexicano, el estado debe de enfrentar crecientes muestras de descontento social. A lo largo de las últimas décadas del siglo XX, los esfuerzos de democratización política van acompañados de barruntos de fracaso: en 1988 y 1994 las elecciones se realizan en medio de fuertes tensiones y un profundo escepticismo respecto a los alcances de las vías políticas y representativas para cambiar el escenario político.
Sin embargo, estos cambios – insuficientes, limitados, generadores de contradicciones igualmente dolorosas- sí reflejan un incipiente proceso de reestructuración de las bases de la legitimidad política. Así sea mediatizados por las enormes cantidades de dinero que exige la competencia electoral, ciertos derechos y ciertas libertades son asumidos por la población como irrenunciables. Los medios de comunicación pasan de un abierto alineamiento con el estado a conformar tanto una oligarquía económica como una salvaguarda de los derechos ciudadanos.
II
Lamentablemente, la cultura política no puede cambiar a la misma velocidad en todos los estratos de la sociedad. Una parte de las elites políticas y económicas, heredera de la discrecionalidad del poder característica de la historia nacional, se concibió a sí misma cómo depositaria natural del poder, más allá y a pesar del proceso democrático. Limitada pero no extinta su capacidad de manipular al ciudadano, concibe el aparato de gobierno como una trinchera natural de sus intereses y busca utilizarlo hasta la saciedad para afianzar sus intereses. Para este tipo de concepción del poder, el ejercicio de los derechos ciudadanos a la participación política y a la información, no son sino fenómenos adversos que deben ser combatidos a como de lugar. Y es precisamente esta concepción a contrapelo del proceso histórico de democratización lo que convierte a estas elites en las menos eficaces para una adecuada gestión del aparato de estado. Igual que Edipo en Edipo Rey, la capacidad que tienen para descifrar el acertijo de la intriga palaciega, les impide descifrar las causas profundas de la ruina propia y colectiva. Lo que estamos viendo es la crisis de una forma de concebir el poder, la misma que ha falseado y desvirtuado los espacios sociales de participación –sindicatos, universidades, medios, asociaciones ciudadanas- queriendo limitar ésta a la simple emisión del voto.
Queda aún por ver si a un nivel profundo esta coyuntura marca tanto el inicio de una nueva ciudadanización de la política en Puebla, como la renovación de sus elites.
Sin embargo, estos cambios – insuficientes, limitados, generadores de contradicciones igualmente dolorosas- sí reflejan un incipiente proceso de reestructuración de las bases de la legitimidad política. Así sea mediatizados por las enormes cantidades de dinero que exige la competencia electoral, ciertos derechos y ciertas libertades son asumidos por la población como irrenunciables. Los medios de comunicación pasan de un abierto alineamiento con el estado a conformar tanto una oligarquía económica como una salvaguarda de los derechos ciudadanos.
II
Lamentablemente, la cultura política no puede cambiar a la misma velocidad en todos los estratos de la sociedad. Una parte de las elites políticas y económicas, heredera de la discrecionalidad del poder característica de la historia nacional, se concibió a sí misma cómo depositaria natural del poder, más allá y a pesar del proceso democrático. Limitada pero no extinta su capacidad de manipular al ciudadano, concibe el aparato de gobierno como una trinchera natural de sus intereses y busca utilizarlo hasta la saciedad para afianzar sus intereses. Para este tipo de concepción del poder, el ejercicio de los derechos ciudadanos a la participación política y a la información, no son sino fenómenos adversos que deben ser combatidos a como de lugar. Y es precisamente esta concepción a contrapelo del proceso histórico de democratización lo que convierte a estas elites en las menos eficaces para una adecuada gestión del aparato de estado. Igual que Edipo en Edipo Rey, la capacidad que tienen para descifrar el acertijo de la intriga palaciega, les impide descifrar las causas profundas de la ruina propia y colectiva. Lo que estamos viendo es la crisis de una forma de concebir el poder, la misma que ha falseado y desvirtuado los espacios sociales de participación –sindicatos, universidades, medios, asociaciones ciudadanas- queriendo limitar ésta a la simple emisión del voto.
Queda aún por ver si a un nivel profundo esta coyuntura marca tanto el inicio de una nueva ciudadanización de la política en Puebla, como la renovación de sus elites.
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